Desde la dirección nacional del SAT queremos manifestar a todos los trabajadores/as andaluces nuestra más profunda indignación y rabia por la muerte ayer sábado de otro obrero, mientras realizaba su trabajo para una empresa subcontratada por Dragados en la construcción del pantano de La Breña II. Una muerte que tiene lugar en Córdoba cuando aún sentimos el dolor por la trabajadora que murió ahorcada a primeros de diciembre en una lavandería de Posadas y que viene a sumarse a los 168 fallecimientos de trabajadores/as contabilizados en Andalucía hasta mediados de diciembre. Una cifra espeluznante que, para vergüenza del gobierno de la Junta, coloca a Andalucía a la cabeza de todos los territorios del estado en las estadísticas de muertes en el trabajo.

Desde la dirección nacional de SAT queremos denunciar con rotundidad que lo sucedido ayer en Almodóvar y antes en Posadas, y lo que sucede, en fin, en cualquier localidad andaluza cada vez que muere un trabajador/a, no es, en absoluto, el fruto de la casualidad o de la mala suerte. Toda esta interminable cadena de muertes, dejémoslo claro de una vez, no son accidentes, sino verdaderos crímenes anunciados de los que únicamente cabe responsabilizar a los empresarios, por no poner todos los medios adecuados para que no sucedan, y a los gobiernos central y de la Junta, por consentir y amparar con su pasividad esta insostenible situación. Los hipócritamente llamados “accidentes de trabajo” son consecuencia de la creciente degradación de las condiciones de trabajo impulsada por el ansia de beneficios sin límites de los empresarios y caracterizada por la existencia de una tasa de temporalidad que triplica a la media de la UE, el incumplimiento sistemático de las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, el incremento incesante de la subcontratación, etc., etc., etc. La precariedad y la subcontratación son instrumentos empresariales que provocan muertes obreras.
Desde el SAT lamamos a toda la clase trabajadora andaluza a rebelarse contra este intolerable rosario de muertes y exigimos con rotundidad a los gobiernos central y autonómico que dejen lavar su imagen pública con ineficaces campañas de sensibilización y adopten, de una vez todas, las medidas legales necesarias para acabar de raíz con la temporalidad, las subcontrataciones y la precariedad económica de los salarios, porque solo así no resultará preciso, para conservar el empleo o ganar un salario, trabajar sin haber recibido los niveles de formación necesarios, sin medios de protección adecuados o con ritmos de trabajo acelerados y jornadas interminables.
Finalmente, queremos exigir el cese inmediato y fulminante del Consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, por sus vergonzosas declaraciones en las que rechazaba contabilizar esta muerte como “accidente de trabajo” por haber sucedido en una jornada, el sábado, no recogida como laboral por el convenio de la construcción. Afirmaciones como ésta demuestran con toda claridad que el objetivo real de los responsables de la Junta no es acabar con la lacra social de la muerte incesante de trabajadores/as, sino maquillar sencillamente sus cifras, aunque sea a base de excusas tan absurdas e insultantes como la citada. Con responsables así no resulta extraño que los centros de trabajo sigan siendo hoy los únicos lugares de todo el estado en los que todavía se puede matar impunemente a una persona, sin apenas consecuencias para sus responsables

POR UN URBANISMO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE

El capitalismo es un sistema aberrante capaz de generar las mayores irracionalidades y los mayores disparates. Al quererlo convertir todo en dinero como un rey Midas provoca situaciones como la de la vivienda, donde se ha convertido un derecho en un negocio, y haber pervertido una necesidad humana en un achaque más para el lucro más egoísta de unos pocos desvergonzados.

Resulta una monstruosidad que hoy, en pleno siglo XXI, ni siquiera los países más enriquecidos hayan sido capaces de resolver este derecho humano elemental porque se ha metido en la coctelera del mercado y mercantilizado lo que a todas luces es un necesidad vital de las personas.
Es sencillamente increíble que 3.000 millones de seres humanos no tengan vivienda, y que países como Japón, EEUU o Alemania no hayan resuelto este problema.

La situación en el Estado español, y en Andalucía, está presidido por ésta misma filosofía perversa de reconversión salvaje de un valor y un derecho en una mercancía para especular. El ganar dinero, sea como sea, lleva a las grandes constructoras a que no construyan viviendas para cubrir necesidades, sino para sacar beneficios por todos los rincones, y de ahí, la corrupción generalizada que preside el sector.
Corrupción que presiden los grandes constructores con la complicidad de los grandes bancos que financian la compra de suelo rústico y mediante presión lo recalifican en urbano obteniendo plusvalías millonarias que luego se utilizan para comprar todo tipo de voluntades y autoridades.
Corrupción que se vuelve a dar en el momento de la construcción, tanto en la subcontrata como en la calidad de los materiales, como en el precio final de la vivienda, muy por encima del costo real.
Y por si fuera poco, a la hora de la venta hay especuladores que compran viviendas no para habitarlas, sino para la reventa en el momento que se lo indique el mercado.
Todo esto lleva la paradoja de que se siga construyendo viviendas, cuando en el Estado español hay cuatro millones de viviendas vacías y en Andalucía 600.000.
Y lo que es peor, existen al mismo tiempo, miles de familias sin viviendas que jamás podrán acceder a ninguna vivienda, puesto que los precios actuales son absolutamente inalcanzables para la gran mayoría de la población.
De otra parte, el destrozo de este modelo constructivo está generando una situación terrible y devastadora, ya que no respeta para nada ni las costas ,ni los bosques, ni el suelo verde, ni el índice de construcción, ni otros espacios reservados que deberían ser intocables.
Ante este panorama, qué medidas se pueden tomar:
1) En primer lugar hay que cambiar radicalmente el concepto urbanístico actual por otro que signifique considerar la vivienda y el suelo para edificar como un derecho inalienable de las personas y un patrimonio de los pueblos.
2) Nueva ley del suelo que haga público todo el suelo urbanizable y se declare como no especulativo en ninguna circunstancia.
3) Creación de un Banco Público de suelo urbanizable e inespeculativo.
4) Creación de constructoras públicas sin ánimo de lucro y dispuestas a edificar dentro de un urbanismo sostenible.
5) Puesta en marcha de un nuevo modelo de autoconstrucción con participación activa en la redacción del proyecto y en la construcción de las viviendas por los futuros beneficiarios.
6) Nueva ley que facilite las cooperativas de viviendas así como las constructoras cooperativas.
7) Nuevas leyes de expropiación del suelo que permita el inmediato acceso de todas las actuaciones públicas y que valore al suelo como rústico y al precio que figure en el catastro y con bonos del Estado pagaderos a 25 años.
8) Ley de arrendamiento que obligue a los propietarios a tener que alquilar sus viviendas a un precio máximo que nunca podrá superar el 15% del salario mínimo interprofesional.
9) Expropiación de quiénes se nieguen a alquilar su vivienda y tasa creciente por año hasta la confiscación de las viviendas vacías.
10) Dotación a los ayuntamientos de facultades legales para expropiar el suelo que necesite para viviendas e infraestructuras, así como de los recursos económicos para que realmente puedan desarrollar un urbanismo solidario sin dependencia de otras administraciones.
11) Creación de un parque público de viviendas, dignas, baratas y no inferior a 90 metros construidos útiles que impidan cualquier intención especulativa y que asegure un mínimo vital suficiente.
12) A partir de estas medidas, la vivienda será realmente un derecho y cumplirá su verdadera función social.
 
PERMANENTE NACIONAL DEL SAT